La sugerencia de vender seis automóviles que son propiedad del Ayuntamiento de Apatzingán por un total de 270 mil pesos suscitó interrogantes por parte de la regidora Carmen Zepeda Ontiveros en la reunión del Cabildo celebrada el 12 de octubre. Esto ocurrió tras la propuesta del síndico municipal, Francisco Aguilar Rodríguez, quien mencionó que se buscarían recursos a través de las unidades que habían sido dadas de baja. Sin embargo, según la regidora, no se proporcionó un inventario detallado ni una carta de intención del comprador.
En la reunión del Cabildo del 12 de octubre, el Ayuntamiento de Apatzingán aprobó, con la mayoría de votos, la contratación de un crédito a corto plazo por 10 millones de pesos. Esta decisión fue cuestionada por la regidora Carmen Zepeda Ontiveros, quien acusó a la administración liderada por Fanny Arreola Pichardo de comprometer fondos públicos para cubrir deficiencias financieras resultantes de una supuesta mala gestión del presupuesto municipal.
Durante la exposición del tema, el síndico aclaró que los vehículos no estaban en condiciones de funcionamiento, y que la intención era venderlos para obtener el máximo beneficio, en vez de simplemente venderlos como chatarra. Además, se mencionó que los fondos obtenidos se destinarían a la reparación de vehículos que requiere el municipio.
El funcionario municipal de Apatzingán manifestó que una persona de Uruapan había ofrecido 270 mil pesos por los seis automóviles. Sin embargo, la regidora hizo énfasis en que la propuesta carecía de respaldo, ya que durante la sesión no se presentó la documentación necesaria para identificar formalmente al interesado, las condiciones de la compra y las unidades involucradas en la transacción.
“Pero, ¿dónde está esa carta de intención? Usted menciona que un hombre de Uruapan se puso en contacto conmigo. Esto es completamente informático”, cuestionó Carmen Zepeda, quien solicitó que su petición quedara registrada y reclamó un inventario de los bienes que se deseaban vender.
Además, puso en tela de juicio la afirmación de que todos los vehículos fueran inservibles, indicando que algunos podrían ser reparables y pidiendo que se evaluara su estado mecánico antes de tomar la decisión de venderlos. También recordó que, según su exposición, había otros camiones municipales averiados que necesitaban atención para respaldar las labores de servicios públicos.
El síndico defendió la propuesta y explicó que los recursos obtenidos se podrían destinar a reparar una ambulancia, un autobús utilizado para el traslado de personas y actividades sociales, así como un camión relacionado con la recolección de basura. También sugirió la posible formación de una comisión encargada de supervisar el uso del dinero obtenido.
La discusión incluyó una propuesta para asignar parte de los fondos a la reparación de una ambulancia, cuyo costo se estimó en aproximadamente 70 mil pesos, aunque el presupuesto final no especifica el costo de reparación de cada una de las seis unidades.
El planteamiento de la regidora representó una exigencia documental clara: conocer el inventario de los vehículos, la carta de intención de compra y el procedimiento que el Ayuntamiento seguirá para enajenar bienes de su patrimonio.
La propuesta, presentada como una estrategia para asegurar el pago de salarios y otras obligaciones, dio lugar a un enfrentamiento entre la regidora y la alcaldesa. Esto ocurrió después de que Carmen Zepeda señalara que el municipio no debería incurrir en nueva deuda sin antes explicar el uso de los recursos ya utilizados y las razones detrás de su situación de falta de liquidez.
Durante la discusión, la regidora presentó un análisis detallado del ejercicio del presupuesto de los últimos seis meses y afirmó que el informe oficial indica que se han desembolsado 50 millones de pesos para cubrir deudas de ejercicios fiscales pasados, conocidos como ADEFAS, a pesar de que, según su exposición, la estimación para dicho concepto era de seis millones.
“Esto es lo que ha generado el desfase financiero, esto es lo que provoca la falta de liquidez, Toño, ya que, en vez de ajustarse a los seis millones de ADEFAS, se desembolsaron 50 millones en solo seis meses”, manifestó la regidora al interpelar al tesorero municipal, Antonio Cabrera Castañeda, acerca del motivo para solicitar un nuevo financiamiento.
La regidora también indicó que en el mismo periodo se destinaron 24 millones de pesos a apoyos sociales y criticó la falta de transparencia sobre quiénes recibieron esos recursos. Además, advirtió que el ayuntamiento tenía un subejercicio superior a 70 millones de pesos en proyectos de obra pública, señalando que solo se habían ejecutado 10 millones durante los seis meses mencionados en su intervención.
Con estos datos, Zepeda argumentó que la escasez de liquidez debería abordarse mediante una revisión del gasto y no mediante un nuevo préstamo. Por ello, propuso reajustar la partida de apoyos sociales, cancelar arrendamientos innecesarios, implementar medidas de austeridad y acelerar la ejecución de los fondos destinados a infraestructura.
La alcaldesa Fanny Arreola defendió la solicitud del crédito y aseguró que este financiamiento facilitaría el pago de salarios, aguinaldos y prestaciones de los trabajadores municipales, además de afirmar que la obligación se saldaría antes de finalizar su mandato.
Arreola Pichardo también negó que el financiamiento fuera a ser heredado por la siguiente administración y afirmó que, de una plantilla de aproximadamente mil 200 trabajadores, solo 90 personas no habían recibido su salario, cifra que utilizó para dimensionar el problema salarial planteado durante la sesión.
La aprobación de la contratación se realizó por mayoría, sin que el debate haya resuelto públicamente las discrepancias sobre la ejecución del presupuesto, la cantidad de deudas pasadas y la distribución de los apoyos sociales, temas que quedaron en el centro de los cuestionamientos realizados por la regidora.
