A dos semanas de que Guadalupe Taddei renunciara a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el proceso por el cual fue seleccionada en 2023 y negó que su nombramiento haya sido una decisión meramente de Morena, aunque reconoció que es necesario investigar las presuntas irregularidades que ocurrieron durante su administración, especialmente en lo que respecta a la adjudicación de contratos y las relaciones con empresas proveedoras.
Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria afirmó que Taddei accedió al organismo a través de un procedimiento de insaculación, tras la incapacidad de la Cámara de Diputados para lograr la mayoría calificada necesaria para nombrar directamente a los nuevos miembros del Consejo General. Como justificación, recordó que este mecanismo fue aprobado por 460 legisladores, mientras que 24 emitieron votos en contra, pertenecientes a Movimiento Ciudadano.
La controversia surgió después de que una periodista mencionara las críticas de Maite Azuela, miembro del comité que participó en la evaluación de los candidatos a consejeros electorales, quien ha cuestionado la formación de las quintetas de las que se seleccionaron posteriormente a los nuevos integrantes del INE.
Sheinbaum reiteró que la elección de Taddei no puede ser atribuida únicamente a Morena, ya que el proceso de insaculación recibió el apoyo de legisladores de diversas fuerzas políticas. Asimismo, recordó que Santiago Creel, quien en ese momento era presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y pertenecía al PAN, fue el encargado de declarar los resultados del sorteo.
La presidenta también hizo referencia al expremier Andrés Manuel López Obrador, quien en su momento defendió el nombramiento de Taddei, a quien describió como una persona de integridad, honesta y profesional. No obstante, subrayó que las circunstancias actuales exigen una revisión de su labor y de las posibles irregularidades que hayan surgido durante su gestión.
La polémica se produce tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE el 25 de octubre, después de que aumentaran las dudas sobre posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades en la contratación de proveedores de materiales y servicios electorales. Entre los señalamientos figuran posibles lazos entre funcionarios del organismo y empresarios que obtuvieron contratos millonarios, así como supuestas adjudicaciones irregulares, simulación de competencia y privilegios a ciertas empresas.
Adicionalmente, se han registrado cuestionamientos sobre contrataciones realizadas por distintas áreas del INE a empresas recomendadas por una colaboradora cercana a Taddei, algunas de las cuales están conectadas con familiares y amistades. Entre las irregularidades mencionadas se incluyen posibles conflictos de interés, insuficiencia de justificación por los servicios prestados y la falta de entregables que validen los trabajos contratados.
Como parte de la investigación, el Instituto Nacional Electoral interpuso el 6 de noviembre una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se indaguen posibles infracciones relacionadas con las contrataciones y las conexiones con proveedores durante la gestión de Taddei. Entre las conductas que podrían ser objeto de investigación se encuentran el uso indebido y el soborno. La denuncia tiene como objetivo que las autoridades determinen si existen responsabilidades penales, por lo que las acusaciones no constituyen aún un veredicto de culpabilidad.
Adicionalmente, el Órgano Interno de Control del INE reportó 18 expedientes de investigación relacionados con los contratos de esa administración: 13 se encuentran en fase de indagación y cinco han conducido a procedimientos por responsabilidades administrativas en contra de servidores públicos.
Ante este panorama, la presidenta consideró fundamental llevar a cabo una revisión exhaustiva de los procesos de contratación del organismo electoral, especialmente aquellos vinculados con la adquisición de urnas, boletas, chalecos y otros insumos empleados durante los procesos electorales.
Puntualizó que en administraciones anteriores se establecieron directrices que, en su opinión, pudieron favorecer la centralización de contratos en ciertas empresas, restringir la competencia y aumentar los costos de los materiales electorales. Como ilustración, citó las variaciones en los precios de las urnas compradas por diferentes organismos electorales, a pesar de que se tratara de productos con características similares. También criticó las especificaciones técnicas de algunos insumos, las cuales, presuntamente, restringirían la participación de otros proveedores.
Por tal motivo, comunicó que ha solicitado la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para examinar las posibles irregularidades y asegurar que las próximas licitaciones se realicen de manera transparente y competitiva.
Finalmente, Sheinbaum afirmó que los actuales consejeros electorales deben asegurarse de que no existan conflictos de interés y que se evalúen los mecanismos de contratación del instituto, al considerar que el organismo debe recuperar la confianza pública y clarificar el uso de sus recursos.
