Aunque el programa H-2A proporciona empleo a miles de mexicanos, expertos señalan que existen abusos laborales y obstáculos para reportar irregularidades.
Cerca de 400 mil mexicanos laboran en EE.UU. bajo la visa H-2A, alertando sobre diversas problemáticas. Las largas jornadas, incumplimiento de contratos y el aislamiento complican la vida de los trabajadores. El crecimiento del programa H-2A demanda implementar mecanismos que aseguren el respeto a los derechos de los trabajadores.
Casi 400 mil trabajadores agrícolas procedentes de México están actualmente empleados en los campos de Estados Unidos a través del programa de visas H-2A, particularmente en Carolina del Norte, Georgia, Florida, Washington y California, informó Gaspar Rivera Salgado, director del Centro de Estudios sobre México de la Universidad de California (UCLA).
El académico indicó que estos trabajadores se distribuyen principalmente en esas cinco regiones y enfatizó que California ha presentado un crecimiento notable en la contratación de jornaleros bajo este modelo de trabajo temporal.
A pesar de que el programa ha brindado oportunidades de empleo a miles de mexicanos, expertos que apoyan a migrantes señalaron que distintas problemáticas continúan presentes una vez que los jornaleros llegan a las fincas agrícolas. Entre estas cuestiones se encuentran las largas jornadas laborales, el incumplimiento de las condiciones prometidas durante el reclutamiento y las dificultades para ejercer sus derechos laborales.
Asimismo, se informó que la administración de Donald Trump, sucumbiendo a presiones del sector agrícola, promulgó un decreto que permite deducir entre cinco y siete dólares diarios por conceptos de alimentación y alojamiento proporcionados por las empresas contratantes.
Juvenal Solano, director de Mixteco Indígena Community Organizing Project (MICOP), explicó que durante el proceso de contratación algunos trabajadores reciben garantías de alimentos de calidad, licencias por enfermedad pagadas y mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, al llegar a Estados Unidos, se encuentran con una realidad muy distinta. Citó el caso de un trabajador que sufrió una lesión en sus primeras semanas de empleo y fue regresado a México al no poder continuar laborando, además de otros ejemplos donde los jornaleros son simplemente desplazados de los campos sin recibir ningún tipo de asistencia.
También mencionó que algunas empresas optan por un único proveedor de alimentos para minimizar costos, lo que ha resultado en la entrega de comida en mal estado, afectando la salud de los trabajadores. Añadió que muchos jornaleros se encuentran en campos agrícolas alejados de las áreas urbanas, a veces en lugares con acceso restringido, por lo que solo pueden salir en grupos o son transportados por sus empleadores para realizar compras, limitando su contacto con quienes podrían orientarlos sobre sus derechos laborales.
El representante de MICOP añadió que estas circunstancias también agravan las dificultades para presentar quejas por abusos laborales, dado que muchos trabajadores prefieren permanecer en silencio por temor a no ser considerados nuevamente para trabajar en futuras temporadas.
Por último, los expertos concordaron en que la expansión del programa H-2A debe estar vinculada a la implementación de estrategias que aseguren la protección de los derechos de los trabajadores mexicanos, abarcando desde la etapa de contratación hasta las circunstancias en las que realizan sus actividades en las tierras agrícolas de Estados Unidos.
