Por segunda vez en un periodo inferior a un mes, el Congreso del Estado de Michoacán ha recibido una petición de juicio político contra la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González. Esta solicitud fue presentada por trabajadores afiliados al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), quienes la acusan de incumplir con obligaciones laborales y de infringir los derechos de los empleados.
En la conferencia de prensa matutina realizada este miércoles en el Palacio Legislativo, el secretario del SUEUM, Juan Guevara, comunicó que se presentó un dossier de 90 páginas junto con una memoria USB que contiene las evidencias que respaldan la petición.
“Somos miembros del Sindicato Único de la Universidad Michoacana, y venimos a entregar un documento que solicita juicio político contra la rectora Yarabí Ávila, debido a su falta de interés en abordar diversos asuntos relacionados con el personal de la Michoacana”, indicó.
Añadió que entre las acusaciones figura el presunto incumplimiento en el abono de convenios, salarios y beneficios, así como una supuesta desobediencia a lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo.
“Hasta el presente se ha ignorado el pago de ciertos convenios, así como los salarios y prestaciones. Estamos denunciando el desacato a la Ley Federal del Trabajo”, argumentó.
Entre las irregularidades denunciadas por el sindicato se incluye la falta de pago del seguro de vida para aproximadamente 200 empleados, así como deficiencias en los materiales requeridos para las actividades en aulas y limpieza.
El líder del SUEUM, Eduardo Tena Flores, había señalado que este miércoles se presentarían formalmente ante el Congreso del Estado la solicitud de juicio político. Este trámite se realizaría en la Presidencia de la Mesa Directiva, bajo la dirección del diputado del PT, Baltazar Gaona García.
Tena Flores manifestó que durante los casi cuatro años de gestión de Ávila González, la Rectoría ha abordado el conflicto laboral de manera “fragmentada”, lo que ha forzado a los trabajadores a buscar vías legales independientes e incluso a recurrir a soluciones extrajudiciales.
Según el líder sindical, esta circunstancia ha ocasionado retrasos en los pagos, fragmentación en las reclamaciones, aumento en los costos de la defensa sindical, incumplimiento de pactos y una prolongación de la incertidumbre entre los empleados, a la vez que se menciona una supuesta falta de apertura al diálogo por parte de la Rectoría.
A estas acusaciones, Tena Flores añadió observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que ascienden a 295 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2024, así como interrogantes sobre el gasto destinado a la edificación de una piscina detrás de la Rectoría y dos parques infantiles en Ciudad Universitaria.
El representante sindical también notificó que persiste un emplazamiento a huelga por supuestas violaciones a más de 40 cláusulas del contrato colectivo de trabajo.
Recordó que entre abril y mayo de este año, el SUEUM mantuvo una huelga que se extendió por 24 días, la cual concluyó tras la firma de acuerdos que, según él, no han sido cumplidos por la administración de Ávila González.
Segundo juicio político
Esta reciente petición surge únicamente unas semanas tras la iniciativa del abogado y titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH, Sergio Carmelo Domínguez Mota, quien también impulsó un juicio político en contra de Yarabí Ávila ante el Congreso de Michoacán.
En esa ocasión, Domínguez Mota destacó supuestos desacatos a resoluciones y medidas cautelares emitidas por tribunales federales, entre otros cuestionamientos relacionados con la gestión de la Rectoría.
Al momento de presentar la nueva solicitud, Carmelo Domínguez estuvo presente nuevamente en el Congreso, respaldando a los trabajadores del SUEUM en su demanda contra la rectora.
Con esta iniciativa adicional, ya son dos las solicitudes de juicio político dirigidas contra Yarabí Ávila que se han presentado en el Congreso del Estado en las últimas semanas, aunque será responsabilidad del Poder Legislativo definir el procedimiento que se aplicará a cada una de ellas.
