Debido a los resultados insatisfactorios presentados en la última evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) manifestó su inquietud y cuestionó las actuales políticas educativas.
Mediante un comunicado, esta organización afirmó que los resultados respaldan lo que ya se había anticipado: los modelos de educación vigentes en la Secretaría de Educación Pública (SEP) no satisfacen las necesidades reales de los estudiantes ni las demandas de un entorno que se torna cada vez más complejo, digital y competitivo.
Los datos proporcionados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican las siguientes calificaciones: en ciencias, 414 puntos, lo que representa una reducción de 68 puntos respecto al promedio; en comprensión de lectura: 408 puntos, es decir, 53 puntos por debajo del promedio.
En matemáticas, se obtuvieron 388 puntos, que corresponden a 75 puntos menos que el promedio; en cuanto a la resolución de problemas computacionales, se registraron 453 puntos, lo que implica 47 puntos inferiores al promedio.
“Esto señala un alarmante retroceso. Estas cifras no son meramente un ranking; en nuestra primera evaluación nos encontramos con la realidad de que más de la mitad de los niños y adolescentes en el sistema educativo nacional carecen de las habilidades esenciales para interpretar datos, comprender textos, resolver problemas cotidianos o enfrentar los desafíos del siglo XXI”, denunciaron.
Por esta razón, exigen que las autoridades educativas lleven a cabo un diagnóstico sincero y transparente de los resultados, sin justificaciones ni narrativas que minimicen la situación, así como un análisis exhaustivo de los modelos pedagógicos de la SEP, priorizando la calidad de los contenidos por encima de intereses políticos o ideológicos, además de ampliar el desarrollo de competencias fundamentales y mejorar la calidad de la enseñanza.
Adicionalmente, demandan un real fortalecimiento en la formación y apoyo a los docentes, así como proporcionar a las escuelas la infraestructura adecuada y digna, además de implementar políticas específicas para mitigar el bajo rendimiento estudiantil, donde la regulación del uso de dispositivos y plataformas sociales resultará insuficiente ante la evidente necesidad de abordar esta crisis educativa.
