Las máquinas tragamonedas que ingresan al país de forma ilícita, sin autorización de exportación, carecen de licencia operativa y generan aproximadamente 14 mil pesos mensuales cada una para el crimen organizado.
Estos dispositivos se imponen a pequeños comerciantes en los barrios y se convierten en escenarios frecuentes de homicidios, así como en puntos de comercio de drogas, conforme a los datos obtenidos por las autoridades.
Durante la destrucción de 803 máquinas en Morelia, el fiscal general, Carlos Torres Piña, señaló que, en primer lugar, los establecimientos que poseen estas máquinas operan sin autorización, no existe una legislación que las regule y funcionan aprovechando vacíos en las normativas locales.
“Estos establecimientos no pueden operar respaldados por ninguna ley federal, debido a que no cuentan con los permisos de importación, gestión ni uso de esta actividad. Se sustentan en las debilidades de los reglamentos municipales”, afirmó inicialmente el fiscal.
Asimismo, son empleadas por el crimen organizado para financiarse con recursos lícitos y estos lugares sirven también para la venta de drogas, aclaró Torres Piña.
“En la lucha contra la extorsión, la incautación y destrucción de las máquinas tragamonedas es esencial, ya que representan una fuente de financiamiento para el crimen organizado. Cada máquina contribuye con entre 10 y 14 mil pesos al mes y, además, fuerzan a los comerciantes a mantenerlas. Hemos observado que en aquellas áreas donde operan estos negocios, también se incrementa la venta de drogas”, indicó el Fiscal General.
Recordó que el año pasado, por ejemplo, se reportaron casos de homicidios dolosos en las localidades de Zamora, Uruapan, Apatzingán y Morelia.
No obstante, erradicar este fenómeno no resulta sencillo, ya que muchos establecimientos se amparan, y otros, poco después de su clausura, se trasladan a diferentes ubicaciones para continuar con sus operaciones.
