Con el consenso de las organizaciones sindicales del Estado, se obtuvieron avances orientados a la reforma de la Ley de Pensiones Civiles en los temas de seguridad social, financiamiento, así como de la edad y montos para la jubilación, resaltó el diputado José Guadalupe Ramírez Gaytán.
Integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, encabezados por Ramírez Gaytán, se reunieron con representantes de sindicatos de los tres poderes de estado y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, para analizar y hacer las adecuaciones necesarias a la propuesta de dictamen, mediante el cual se modifican diversos artículos del citado marco jurídico, en beneficio de los trabajadores en activo y que ya dejaron de laborar, así como para la fortalecimiento del sistema de pensiones de Michoacán.
El presidente de ese órgano de dictamen de la, dejó en claro que no será una ley limitativa; por el contrario, “será una ley acorde a los requerimientos de la clase trabajadora al servicio de estado, en lo que se refiere a reglamento, funciones de la Junta Directiva de Pensiones Civiles, así como prestaciones económicas y sociales”.
Con base a los planteamientos de los representantes del magisterio michoacano y de los sindicatos del Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo, se definió que los trabajadores podrán jubilarse hasta con 30 años o más de servicio; mientras, en artículo transitorio se determinó que la edad para las nuevas generaciones o nuevos trabajadores contratados será de 60 años.
De la misma manera, se consensó que el monto a considerar para la jubilación será de 20 veces el salario mínimo con base a los últimos 5 años de cotización, con la finalidad de beneficiar a los trabajadores al momento de su retiro.
Es de mencionar que se determinó este porcentaje tomando en consideración los montos que establecen las leyes del IMSS e ISSSTE, de 10 y 25 veces el salario mínimo, equivalentes a 20 y 50 mil pesos, respectivamente.
En el artículo noveno transitorio, se estableció que para los trabajadores jubilados y pensionados de la educación, tanto en activo como que ya hayan dejado de laborar, el servicio de protección médica y social, deberá quedar debidamente garantizado en el convenio que celebre el gobierno de estado con el Instituto Mexicano del Seguro Social o Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado.
Finalmente, el diputado Ramírez Gaytán precisó que la propuesta de reforma busca dotar de facultades a la Junta Directiva para poder perseguir las acciones legales que sean necesarias ya sean de índole civil, penal o administrativa, a fin de que los recursos a que la Dirección tiene derecho, le sean enterados en tiempo y forma.
