* Necesario erradicar la impunidad de las autoridades que sean cómplices en dichos crímenes.
Marko Cortés Mendoza, coordinador del grupo parlamentario albiazul en la Cámara de Diputados, consideró que en Michoacán se debe realizar un gran compromiso entre los diversos órdenes de gobierno por abatir la desaparición forzada, donde uno de los primeros pasos debe ser atender la urgente necesidad de contar con información estadística real, confiable y actualizada en la materia, ya que tan solo 1 de cada 5 michoacanos denuncia por miedo a represalias y por la conocida incompetencia de las autoridades.
Luego de lograr la instauración del Día Nacional de la Desaparición Forzada cada 26 de septiembre, a iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN) en recuerdo a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, el legislador de origen michoacano explicó que se estima que la entidad ocupa el cuarto lugar del país con mayor incidencia de estos casos, superado sólo por Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, por lo que no debe pasar desapercibido que se requieren acciones decididas y contundentes al respecto por parte de las autoridades.
Toda vez que muchas veces la desaparición forzada implica la intervención del Estado y autoridades de cualquier nivel, directa o indirectamente -muchas veces con fines políticos-, Cortés Mendoza agregó que aunque ya está tipificado dicho delito, es necesario garantizar que no exista impunidad en cuanto a los castigos a la autoridad que sea cómplice de estos crímenes.
“Las entidades hermanas de Guerrero y Michoacán, al igual que otras partes del país, requieren la unión de esfuerzos para luchar contra la desaparición forzada, siendo el mes de septiembre un recordatorio permanente en la autoridad que este tipo de casos no puede volver a acontecer”, apuntó.
Con los dolorosos datos que nos dicen que a nivel nacional, en este último año, hay un incremento del 15 por ciento en este delito, mientras que en Michoacán se han registrado más de 198 desapariciones en los últimos 3 años, el coordinador panista refrendó su determinación desde el ámbito legislativo a exigir el cumplimiento de la ley ante esta práctica que ha ido aumentando, teniendo como principales víctimas a periodistas y activistas políticos
