La rendición de cuentas y la evaluación al desempeño de las magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado garantiza a la sociedad que la impartición de justicia se realiza de manera imparcial, autónoma y oportuna, así lo aseguró el presidente del Poder Judicial de Michoacán, Alejandro González Gómez.
El magistrado presidente fue entrevistado al término de la sesión extraordinaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en la cual se llevó a cabo la adscripción a la Cuarta Sala Civil del magistrado Sergio Alberto Cázares Solórzano; lo anterior, después de que el pasado 6 de septiembre, el magistrado fue reelecto por unanimidad por la LXXII Legislatura del Congreso del Estado para cubrir un periodo de cinco años más en este cargo, que comprende del 13 de septiembre de 2012 al 12 de septiembre de 2017.
El dictamen emitido por el Consejo del Poder Judicial –órgano de administración, vigilancia y disciplina de esta institución- sobre Sergio Alberto Cázares Solórzano y que fue enviado al Congreso del Estado para su análisis, señala que la evaluación realizada revela el eficiente desempeño –tanto ético como profesional- del juzgador, demostrando que tiene el perfil idóneo para permanecer en el cargo, ha ejercido su nombramiento de manera adecuada, sus actuaciones se encuentran apegadas a las normas que rigen su función y no ha actuado de manera arbitraria.
Alejandro González Gómez, comentó además que en el dictamen “no solamente se revisa su actuar profesional sino su comportamiento ético. Afortunadamente el dictamen de Sergio Alberto Cázares Solórzano fue favorable y confirma que sigue reuniendo los requisitos establecidos en la Constitución para desempeñarse como magistrado”.
González Gómez agregó que es la primera vez, en la vida constitucional de Michoacán, que se ratifica a un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, facultad del Congreso derivada de la reforma constitucional de 2007. Detalló que dicha reforma establece un nuevo procedimiento para el ingreso y permanencia en el Poder Judicial, “ahora magistrados y magistradas durarán en su encargo un periodo constitucional de cinco años con posibilidad de ser reelectos por dos periodos del mismo tiempo”.
En lo particular, el magistrado Sergio Alberto Cázares Solórzano, con 28 años de experiencia en la judicatura, explicó que el deber de los magistrados radica en garantizar la legalidad de todos los conflictos judiciales, “debemos aplicar estrictamente la ley para reconocer los derechos a quien verdaderamente le corresponden y así, contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho”. Señaló también que los impartidores de justicia están precisados a tener fidelidad con la aplicación de la ley en los casos concretos que les presentan las partes.
La rendición de cuentas de los servidores públicos del Poder Judicial permite que sean reelegidos, para así aprovechar su conocimiento y experiencia en una mejor impartición de justicia.
