MÉXICO, D.F.- La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, demandó al ejecutivo federal que emita a la brevedad el Reglamento a la Nueva Ley para Erradicar los Delitos Relativos a la Trata de Personas, informó José Ascención Orihuela Bárcenas.
De acuerdo con un boletín de prensa, el michoacano indicó que su compañera de bancada, Lucero Saldaña Pérez, leyó este punto en tribuna pues el pasado 14 de septiembre se cumplió el plazo para hacerlo y esto “no permite la exacta aplicación” del ordenamiento.
Orihuela Bárcenas explicó que en el punto de acuerdo que presentó en la sesión de este jueves, se consideró la necesidad de subsanar las lagunas jurídicas de dicha norma porque de acuerdo con especialistas tiene “fallas técnicas” en la definición de sus términos y es necesario reconfigurar todas las dimensiones de este crimen.
Además, se propuso que el Senado haga un llamado a los gobernadores y congresos estatales para que expidan y homologuen su marco jurídico en la materia, como lo establece dicha ley.
En el punto de acuerdo, agregó Orihuela Bárcenas, se resalta que México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas, con ganancias cercanas a los 28 millones de dólares en beneficio de 47 organizaciones criminales.
Según el INEGI cerca de 12 millones de personas padecen este flagelo, de las cuales 79 por ciento son utilizadas para explotación sexual, tres por ciento extracción de órganos y 18 por ciento para explotación laboral.
Además, dijo Chon Orihuela. su compañera de bancada especificó que durante 2010 la mayoría de las víctimas identificadas eran originarias de Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala y “más de la tercera parte de las entidades no tienen legislación específica en la materia y sus códigos penales no incluyen dicho delito”.
Así, finalizó, se considera que la trata de personas rebasa cualquier acción, y no basta que un gobierno haya promulgado leyes, sino que éstas se apliquen en forma amplia y eficaz”. Por ello es indispensable publicar el Reglamento de la Ley General, implementar una política de Estado y canalizar los recursos suficientes para constituir el Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los estados y el Distrito Federal.
