México, D.F.- En el senado de la República se aprobó por mayoría el acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política, por el que se formulan preguntas parlamentarias a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía del Gobierno Federal, con relación a la firma del Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA por sus siglas en Inglés).
En sesión ordinaria, explicó el michoacano José Ascención Orihuela Bárcenas se dio la mencionada aprobación para desahogar inquietudes de los legisladores en torno a los informes de gobierno. Corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones, en los que el país sea parte. También la Secretaría de Economía está facultada para normar y registrar la propiedad intelectual y mercantil.
El ACTA, detalló Chon Orihuela es un tratado multilateral que busca establecer un marco legal efectivo, para la observancia de los derechos de propiedad intelectual y el combate al crecimiento del comercio de bienes piratas y falsificados. Pese a ser facultad exclusiva del Senado de la República de aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas, que el Ejecutivo Federal suscriba. Además del derecho a ser informada sobre el inicio de esas negociaciones. Eso no ha ocurrido, como tampoco ha ocurrido el hecho de que el Gobierno Federal envíe a esta soberanía este tratado tan importante.
En el proceso de negociación emprendido por nuestro país, agregó, se violó la ley sobre aprobación de tratados en materia económica, dado que sus previsiones no fueron cumplidas con oportunidad y suficiencia por las dependencias participantes en esa negociación, lo cual generó opacidad e impidió a la Cámara de Senadores darle el adecuado seguimiento a dicha negociación.
Existió también la preocupación de que la ambigüedad de algunas de las disposiciones del acuerdo resultaría contraria a la seguridad y certeza jurídica de los habitantes de nuestro país, además de que la implementación del acuerdo podría resultar en una limitación a la universalización deseable del acceso al Internet en la sociedad mexicana, ampliando con ello la brecha digital que en cualquiera de nuestros estados es bien conocida y la posibilidad de que el país se inserte en la denominada sociedad de la información y del conocimiento.
Aunado a la anterior, explicó Orihuela Bárcenas, este acuerdo podría derivar en una censura a los contenidos de Internet y, en consecuencia, en una restricción a la libertad de funcionamiento y neutralidad que el mismo debe tener, poniendo en riesgo, además, el desarrollo de legítimo comercio electrónico, la creatividad digital y la legítima difusión cultural.
El 11 de julio de 2012, el Ejecutivo Federal firmó el acta a través del embajador de México en Japón, lo cual fue informado a la sociedad, no al Senado, a través de un comunicado de prensa que emitió en su momento el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
