Chetumal, Quintana Roo.- Impulsar un proyecto de reforma a todo el conglomerado del sector educativo, requiere de impulsar en toda la República Mexicana una amplia consulta y debate nacional rumbo a la discusión de una reforma educativa integral y de fondo, sobre temas sustantivos del nuevo modelo educativo que el país requiere, por considerar que la actual, se trata de una reforma incompleta, acotada y en cierto sentido con algunos sesgos político-laborales contra el magisterio y sector educativo, destacó el Senador de la República, Raúl Morón Orozco.
Al participar en esta ciudad en el Foro de Educación, Cultura y Deporte, el Senador michoacano informó a la sociedad y magisterio quintanarroense, los alcances de la reforma constitucional en materia educativa, y recogió las conclusiones y propuestas de todo el sector educativo, a fin de integrar una propuesta integral de reforma del modelo educativo nacional, que acompañe y fortalezca la reforma que está planteando el gobierno federal.
Morón Orozco habló de la urgente necesidad de sanear tanto la estructura, como el manejo de los recursos de la SEP y la Secretarías de Educación de los Estados, así como de la inconformidad por su falta de convocatoria y participación en la construcción de la reforma educativa aprobada, que hoy demanda analizar y participar, por lo menos en esta etapa de elaboración de la legislación reglamentaria con las propuestas y observaciones de todos los sectores involucrados en el tema educativo.
El también Secretario de la Comisión de Educación del Senado de la República, durante su ponencia, destacó que entre los retos y perspectivas de la reforma constitucional en materia educativa, destacan que el planteamiento del gobierno federal sólo se limita a la creación del Servicio Profesional Docente, y la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio.
El legislador michoacano enfatizó que por tratarse de un asunto de carácter estrictamente laboral, debe ser tocado en todo caso un aspecto reglamentario de la Fracción VII del Apartado B del Artículo 123 Constitucional y no de la Fracción III del Tercero Constitucional. Asimismo, consideró que el criterio de la “promoción y permanencia” en el servicio, por evaluación de desempeño atenta contra derechos constitucional establecidos en las Fracciones VIII y IX del Apartado B del 123 constitucional, en materia de derechos laborales adquiridos; inamovilidad laboral; derechos de escalafón de trabajadores burocráticos en función de criterios de conocimientos, aptitudes, antigüedad y preferencia por necesidad; seguridad y estabilidad en el empleo; cese laboral sólo por causas establecidas en la legislación laboral y no en legislaciones educativas.
Destacó que el Servicio Profesional Docente resulta discriminatorio y violatorio del Artículo 4 Inciso B, de la Convención Internacional relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la esfera de la enseñanza, que obliga a la “no discriminación en la preparación de la profesión docente”.
Asimismo, en el Senador Morón Orozco destacó que en la Reforma a la Fracción III del Artículo Tercero Constitucional, referente a los planes y programas de estudio en educación Básica y Normal, el Ejecutivo Federal está obligado a retomar la opinión de diversos actores sociales involucrados en la educación, maestros y padres de familia. Consideró que el reconocimiento constitucional del derecho de padres de familia y otros sectores sociales (incluyendo los empresarios, medios de comunicación y la iglesia) para opinar sobre el contenido de planes y programas, puede llegar a violentar los principio y fines de la Educación, establecidos en el Tercero Constitucional y en sus Leyes Reglamentarias, como son la Ley General y las legislaciones locales.
“Existe una contradicción en la Ley General de Educación sobre el derecho de los padres de familia de opinar en cuestiones pedagógicas, que la reforma constitucional no aclara, dado que el 67 Fracción V Segundo párrafo, reconoce que las asociaciones de padres de familia como tales no pueden opinar en cuestiones pedagógicas y el artículo 69 inciso l si reconoce en el capítulo de la participación social en la educación, la posibilidad de los padres de familia de hacerlo”.
En cuanto a la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que es de los componente políticos de la reforma del gobierno federal, Raúl Morón enfatizó que en la propuesta de conformación de una junta de gobierno con 5 consejeros designados por las 2/3 partes del voto de senadores, de acuerdo a las ternas enviadas por el ejecutivo federal, esta iniciativa resulta improcedente e inapropiado, ya que al utilizar la figura de “junta de gobierno”, propia de organismos descentralizados, implica la intromisión del poder ejecutivo, lo correcto sería Consejo General o Comisión Nacional. Asimismo, puntualizó que existe una contradicción jurídica con lo que establece la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en sus artículos 17 y 18.
“El procedimiento de propuesta de las ternas por parte del Ejecutivo Federal, genera un riesgo de subordinación política a los intereses particulares del Ejecutivo, supedita a éste su independencia de posición y la objetividad de la información. En todo caso deben provenir las propuestas de los sectores de la Sociedad Civil, Universidades, Centros de Investigación, Institutos, etc.”, destacó el Senador michoacano.
Morón Orozco señaló también que con el objetivo de la Federación de impulsar un Sistema de Información y Gestión Educativa, existe el temor de los docentes, directores, supervisores y trabajadores de la educación en general, de utilizar la información obtenida en el censo, con fines de auditoría fiscal, laboral o administrativa, que pueda derivar en responsabilidad para los trabajadores de la educación, además de que ésta información pueda ser utilizada con fines políticos vs los sindicatos u organizaciones magisteriales.
El Senador de la República puntualizó que la autonomía de gestión de las escuelas es un concepto muy amplio que abarca la administración de recursos humanos, materiales y financieros de las escuelas, dentro de los cuales podrían estar considerados los aspectos de contratación de personal, determinación de cuotas escolares, condicionamiento de donaciones voluntarias al servicio educativo, compra o adquisición de bienes o implementos para el funcionamiento escolar, etc.
“Ello podría abrir una puerta muy amplia para los directores de las escuelas para la gestión y administración de las instituciones educativa que pondría en grave riesgo el derecho constitucional a la educación pública, gratuita y obligatoria”.
Por lo que propuso impulsar una reforma a la ley general de educación que establezca los límites al reconocimiento constitucional de la autonomía de gestión de las escuelas, comenzando por dejar expresa la prohibición de cobrar cualquier tipo de cuota o exigir cualquier aportación voluntaria en dinero o especie, que se encuentre condicionada a la prestación del servicio educativo.
El representante popular enfatizó que con el proyecto de escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas, hace falta precisar acerca de los tiempos, recursos, lugares, criterios e indicadores conforme a los cuales se operará el programa de escuelas de tiempo completo. Asimismo, destacó que tampoco se establece el periodo en el que deberá llegarse a la cobertura universal, ni el procedimiento para realizar la evaluación de impacto presupuestal por parte de la SHCP.
“Se tiene la sospecha de que este programa se pueda utilizar como un programa focalizado y clientelar, dirigido a ciertos sectores sociales y poblaciones, que después puedan ser condicionados o manipulados electoralmente, como es el caso de la cruzada contra el hambre y oportunidades”.
Para despejar estas dudas, Morón Orozco propuso que mejor debe elevarse al nivel de derecho universal para todas las escuelas de nivel básico, comenzando por las de mayor pobreza y marginación y su implementación progresiva hasta alcanzar su cobertura universal en 6 años. Además de implementar otros programas o políticas compensatorios como la alimentación escolar para todos, útiles escolares, uniformes y calzado escolar, además del fortalecimiento de la infraestructura educativa.
Como conclusión de su propuesta, el Senador Morón Orozco destacó que hoy en día los retos son enormes en educación, y enumeró algunos: cambiar sustancialmente el diseño del modelo educativo nacional; incrementar sustancialmente la educación preescolar; acrecentar el logro de una secundaria completa para todos; hacer realidad la educación obligatoria y gratuita en los niveles medio superior y superior y mejorar la cobertura, equidad, calidad y la pertinencia de todos los tipos educativos.
Para alcanzar estos objetivos, Raúl Morón propuso establecer metas ambiciosas y viables para el país en materia de educación, ciencia y tecnología; impartir una educación de calidad; mejorar la educación básica; extender y consolidar la descentralización del sistema educativo y educar para reducir la desigualdad social.
Además de construir un sistema de bachillerato para cumplir con la obligatoriedad y los tiempos establecidos en la constitución; poner la educación media superior y superior al alcance de todos los que tengan los requisitos para cursarla, así como el incremento en la cobertura, la creación de nuevas instituciones de educación media superior, superior y centros de investigaciones y la consolidación de los ya existentes.
En este sentido, la propuesta de Reforma que llevará la bancada del PRD en el Senado de la República, destacó Raúl Morón, también implica impulsar nuevas formas de articulación entre las instituciones de educación superior, y entre estas y los sectores sociales y productivos, para atender las necesidades y potencialidades del desarrollo social; formar doctores e investigadores que produzcan conocimiento científico original; el impulso a las áreas científicas debe robustecerse, a fin de contribuir de forma más contundente al desarrollo nacional, y el mejoramiento de la calidad en la formación de estudiantes en el nivel superior puede favorecer a través del fomento de la movilidad y la internacionalización, promoviendo así los esquemas de colaboración académica y de cooperación interinstitucional.
“Debemos de dirigir la política financiera sobre las bases de una reforma jurídica que permita impulsar el desarrollo de la educación, ciencia, innovación tecnológica y cultura con una visión socialmente incluyente y de largo plazo. Además de cumplir con el mandato de la ley general de educación de destinar recursos fiscales a la educación, equivalentes al 8% del producto interno bruto (PIB). Esto implica la implementación y la mejora cualitativa del sistema educativo nacional se habrá de traducir en un muy amplio contingente de jóvenes bien formados que demandaran acceso a las oportunidades del medio laboral de país, por lo tanto es imprescindible mejorar las políticas de vinculación educación-mercado de trabajo y en general de empleo”, destacó el Senador Michoacano.
Cabe destacar que entre los organizadores y asistentes del foro, se contó también con la presencia del Regidor del PRD Alejandro Castillo, del municipio de Othón P. Blanco (Chetumal) y de la Maestra Luisa de la Vega, presidenta del Comité Municipal del PAN, en el municipio, además de dirigentes y profesores integrantes de los tres sindicatos con mayor presencia en el Estado: SITEQROO (Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo), SITEM (Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Educación de México y de la sección XXV del SNTE, estudiantes de la UPN, profesores e investigadores de la Universidad de Quintana Roo, de la Universidad Modelo de Quintana Roo, padres de familia, exdirigentes políticos, diputados locales y regidores, entre otros.
