Por considerar necesario que el Congreso de Michoacán dé trámite a la reforma constitucional en materia de transparencia, el Comité Legislativo de Transparencia y Acceso a la Información solicitará a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Junta de Coordinación Política (JCP), que incluya ese tema en la agenda a desahogar en los próximos días.
Los diputados Rosa María Molina Rojas, César Chávez Garibay y César Morales Gaytán, integrantes del referido Comité, consideraron necesario que el Congreso de Michoacán trabaje en la armonización de la legislación estatal con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Durante la reunión de trabajo que sostuvieron con los consejeros del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información de Michoacán (ITAIMICH), Irma Nora Valencia Vargas y Leopoldo Romero Ochoa, así como con el coordinador de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso de Michoacán, Ulises Merino García, se hizo una revisión de los avances que el Poder Legislativo de Michoacán tiene en la materia.
La presidenta del Comité de Transparencia y Acceso a la Información, Rosa María Molina Rojas, destacó que el portal de internet del Congreso de Michoacán ofrece información en Purépecha, y que en breve tendrá disponible para consulta en esa lengua, la Constitución Política de Michoacán.
En la reunión de trabajo se puso de manifiesto que una vez aprobado el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia, será obligación del Congreso de la Unión expedir la Ley General del Artículo 6 Constitucional.
Se contempla que las Constituciones de los estados deberán establecer organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, conforme a lo establecido en el Artículo 6 Constitucional y la Ley General que emita el Congreso de la Unión.
Para esa tarea, las entidades federativas contarán con plazo de un año para armonizar la normatividad con lo establecido y aprobado en el decreto.
