Desaparecen a Defensores de Derechos Humanos

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En tan sólo dos años 84 defensores de derechos humanos fueron sujetos de desaparición forzada, 52 fueron ejecutados extrajudicialmente y 855 personas fueron detenidas de manera arbitraria en el marco de movilizaciones sociales, se advirtió en la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos, “a través de diversos análisis es posible demostrar que el Estado mexicano practica el terrorismo como política de control social y de imposición de medidas neoliberales”, denunciaron activistas durante la presentación de las conclusiones del eje temático Guerra Sucia Como Violencia, Impunidad y Falta de Acceso a la Justicia; durante dos días se expusieron los resultados de tres años de trabajo en el que en diversas pre audiencias referidas a diez ejes temáticos se documentaron cientos de casos de atropellos a las garantías fundamentales de los mexicanos, “todos los ejes del Capítulo México coincidieron en las sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos fundamentales de las personas en el país, así como en la corrupción, represión e impunidad reinante.

“El Estado mexicano fue acusado en sus tres poderes y niveles de establecer dichas violaciones, así como del desvío de poder a favor de los intereses de las empresas nacionales y transnacionales, en contra de los intereses del pueblo mexicano”, en su oportunidad, Jorge Fernández Souza se refirió a los casos Tlatlaya e Iguala y subrayó que “cuando se dice que es un crimen de Estado se dice que lo es porque está dentro de la lógica de lo que está pasando nacionalmente, es decir, es muy lamentable pero hay una articulación del crimen organizado con instancias estatales, esto ocurre por lo que está pasando en todo el Estado, “no quiere decir que el presidente de la República lo haya ordenado y por eso sea un crimen de Estado; porque está en la lógica de la descomposición del Estado”, de manera general, se señaló a las Reformas Estructurales promovidas recientemente (laboral y educativa, entre otras) como instrumentos “que vulneran conquistas históricas y derechos fundamentales de los mexicanos”.

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