No se puede vincular al Congreso del Estado respecto a la aprobación de ampliaciones presupuestales a los ayuntamientos de Michoacán para el pago de laudos, aseveró el diputado Santiago Blanco Nateras.
El legislador precisó que no se puede seguir pagando los caprichos que se traducen en demandas laborales y posteriormente en la generación de laudos en las administraciones municipales a raíz de los intereses de partidos o de grupo en estos niveles de gobierno.
Anotó que aprobar más recursos a los ayuntamientos implica llevar a Michoacán a un hundimiento económico más grave del que enfrenta actualmente.
Blanco Nateras reflexionó que el Juzgado Cuarto de Distrito y el Tribunal Colegiado han tratado de vincular al Congreso de Estado en este tema, “no es mi objetivo criticar el trabajo o poner en tela de juicio a las personas que integran un juzgado, pero esta vinculación está fuera de contexto”.
Refirió que cuando se dan los cambios de administración en un estado tan activo políticamente como el de Michoacán, se da el caso de que algunas personas quedan resentidas, dando pie a conflictos laborales por despidos, en ocasiones sin fundamento real; eso deriva en denuncias y quejas, así como en el surgimiento de organizaciones sindicales a nivel municipal.
Explicó que esta dinámica lleva a que se presenten demandas laborales de los trabajadores, que posteriormente representan un gasto extra no considerado, por ello se solicitan ampliaciones presupuestales para el pago de laudos.
De aprobarse esas solicitudes, dijo, se rompería lo que dispone la propia legislación en materia hacendaria; citó el artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Michoacán que faculta al Congreso local la aprobación de las leyes de ingresos de los municipios, así como revisar, fiscalizar y dictaminar las cuentas públicas de las haciendas municipales.
De acuerdo con lo anterior, no hay ningún rubro que contemple la posibilidad de autorizar a los ayuntamientos “recursos para prevenir conflictos laborales originados por personal despedido”, aseveró Blanco Nateras.
Lo anterior lo expresó al razonar su voto a favor de los dictámenes con proyecto de acuerdo mediante los cuales se da cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro de los juicios de garantía números III-647/2011 y III- 490/2014, correspondientes a trabajadores de los ayuntamientos de Angangueo y Penjamillo.
En los dictámenes se establece la instrucción de los diputados integrantes de la LXXII Legislatura a la Auditoría Superior de Michoacán, para que practique la fiscalización y proceda a verificar en los ayuntamientos de Angangueo y Penjamillo, “lo relativo con la legalidad en los juicios laborales y en sus correspondientes laudos, así como sus respectivos cumplimientos, y a su vez en ámbito de su competencia determine las responsabilidades y tenga a bien comunicar el resultado a la brevedad posible a esta Soberanía Estatal”.
El presidente de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias se congratuló con el trabajo realizado por las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública.
