Pese a ser la institución encargada de impartir y dictar justicia, el Poder Judicial de Michoacán incumple con la Ley para la Inclusión de la Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán.
Y es que a partir del incremento de juzgados familiares, el Consejo del Poder Judicial autorizó y habilitó un edificio, que albergaría seis juzgados especializados en materia familiar, el cual contaba con elevador para las personas con discapacidad, sin embargo, en los primeros días éste dejó de funcionar.
De nueva cuenta y hasta la fecha, el mecanismo tiene varias semanas sin funcionar, pero adicional no existe una rampa que permita dar el acceso a los usuarios que diariamente asisten a dichos juzgados, los cuales por la naturaleza de los trámites que llevan, son los más requeridos por personas con discapacidad.
De esta forma, se ve vulnerado su derecho no solo a tener acceso al lugar sino que se les niega la impartición de justicia de una manera pronta, pues virtud de no poder acceder a sus diligencias judiciales o hacerlo de manera tardía, ven dilatados sus trámites pues los impartidores de justicia les asignan nuevas y posteriores fechas que, alegando el cúmulo de trabajo tardan varias semanas en llegarse.
Debiendo señalarse que tampoco existen las condiciones que la ley precisada ordena en todo los edificios públicos, pues para llegar al edificio de los juzgados familiares no existe una ruta de acceso específico para transitar con sillas de ruedas, no hay rampas en la zona de estacionamiento entre un edificio y otro ni tampoco banquetas con las medidas reglamentarias para llegar al mismo, y como si fuera poco las pocas áreas de tránsito o incluso peatonales se encuentran invadidas u ocupadas por vehículos oficiales o de proveedores comerciales, de manera constante.
