Gracias al avance que se ha registrado en la creación del sistema de indicadores sobre el derecho a un juicio justo, el Poder Judicial de Michoacán será un modelo a seguir para otros estados que realizan este marco normativo, consideró Mila Paspalanova, encargada de intercambio institucional del Alto Comisionado de la ONU.
Durante su participación en el 3er Seminario de intercambio en materia de estadística judicial y de indicadores sobre el derecho a un juicio, la especialista explicó que el desarrollo en Michoacán para construir el sistema de indicadores ha sido muy rápido: “En seis meses se logró diseñar su sistema de indicadores sobre juicio justo y derechos humanos; se hace una publicación con el compromiso de dar continuidad al proyecto y se elaborará el marco normativo que orientará el trabajo del tribunal en esta materia”.
Con lo anterior, explicó Mila Paspalanova, el tribunal de Michoacán cumple con el estándar de cómo debe realizarse el proyecto de indicadores y además, experiencia que puede ser compartida a nivel internacional, como lo ha hecho el tribunal del Distrito Federal.
Para la encargada de intercambio institucional del Alto Comisionado de la ONU, los datos estadísticos que se generen luego del análisis de datos que se plantea realizar en Michoacán, dará las herramientas necesarias para la adopción de políticas públicas en materia de recursos humanos, al mismo tiempo permitirá identificar a grupos de población que sean posiblemente discriminados; además se podrán tomar medidas colectivas para mejorar el quehacer de la institución.
La asesora en materia de indicadores sobre el derecho a un juicio justo informó que son 75 los indicadores que miden el desempeño judicial. Una parte de ellos son de contexto, es decir, cuantifican el tipo de situación financiera y humana con la que están trabajando los poderes judiciales.
Además el análisis prevé 20 indicadores cualitativos, relativos a los procedimientos de: selección de personal; promociones laborales; ordenamientos que se siguen en caso de mal desempeño de parte de los funcionarios; independencia presupuestal del tribunal analizado, entre otros.
Finalmente comentó que en las entidades donde ya se cuenta con los indicadores sobre el derecho a un juicio justo, se ha obtenido información positiva relacionada a la atención de poblaciones indígenas, la agilidad en la impartición de justicia, la capacitación del personal en materia de derechos humanos y el aumento en la participación en actividades relacionadas con la promoción y defensa de derechos humanos voluntaria.
