Luego de presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, Héctor Gómez Trujillo, diputado del Grupo Parlamentario de Acción Nacional (PAN) en la 73 Legislatura en Michoacán, anunció su iniciativa de reforma que promueve la transparencia y declaración de servidores públicos en Michoacán, de aprobarse, sería el primer Estado en la República Mexicana que obligue a los funcionarios a dar cuenta a la población de su situación.
El diputado panista expresó que su iniciativa de reformar la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos de Michoacán está respaldada por la exigencia de la ciudadanía y su cansancio ante la opacidad y saqueos del erario público por funcionarios corruptos que no han sido castigados, puesto que no existe una ley que los sancione.
“Esperamos que los diputados en el Congreso del Estado apoyen esta ley de avanzada y que además, es un reclamo que exige la ciudadanía, que está cansada de la opacidad y de los saqueos, como funcionario pongo la muestra al presentar mi 3 de 3, pero todos los servidores públicos deben tener la obligación de presentarla”.
Dijo que en ningún otro estado de México existe el antecedente de una iniciativa como la que presentará el día de mañana ante el Pleno de la 73 Legislatura, por lo que espera que como representante popular, no debe esperar al reclamo de los ciudadanos por una ley que obligue a funcionarios a ser transparentes.
Por ello, explicó que la iniciativa de reforma que presentará castiga los actos de corrupción, la opacidad, y el hurto del erario público, “será una prueba de fuego para los legisladores”, acotó.
Héctor Gómez invitó a sus homólogos a apoyar la iniciativa de reforma para que desde gobernadores, presidentes municipales, directores y hasta jefes de departamento, se les obligue a presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, y que no sea sólo una “concesión graciosa de servidores públicos”.
El diputado panista agregó que la iniciativa de reforma implica no sólo presentar su situación patrimonial, fiscal y de intereses, sino que la información deberá ser pública y estará al alcance de la ciudadanía.
