Los legisladores locales Alfredo Anaya y Sandra Arreola, representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), han introducido una propuesta para modificar el Código Penal en el Estado de Michoacán, con el propósito de establecer la responsabilidad penal de padres, madres o tutores en casos de delitos graves cometidos por sus hijos menores de edad, tales como homicidio, feminicidio, secuestro, extorsión, robo violento o tenencia de armas. Este tema está programado para ser discutido en la agenda de la sesión ordinaria del próximo miércoles 25 de marzo.
La propuesta adquiere una importancia notable tras el homicidio de dos maestras en Lázaro Cárdenas, donde un joven de 15 años utilizó un rifle de alto poder, un suceso que ha suscitado indignación y ha generado un debate social, político y legislativo en torno a la corresponsabilidad familiar respecto a la conducta delictiva de adolescentes.
La justificación presentada reconoce que el sistema de justicia penal juvenil promueve la reinserción social y el interés superior de la infancia, pero también subraya la obligación de los padres de supervisar a sus hijos. “La falta de control parental, la tolerancia hacia comportamientos delictivos o la facilitación de recursos para su realización contribuyen al deterioro del tejido social”, se expresa en la justificación elaborada por los legisladores.
La iniciativa propone añadir un nuevo Título Sexto al Código Penal, titulado “De la Responsabilidad Familiar Compartida en Delitos Cometidos por Personas Menores de Edad”, que contendrá un único capítulo que penalizará la omisión dolosa o negligente de padres o tutores, cuando tengan conocimiento sobre la conducta delictiva del menor y no tomen medidas para prevenirla.
También se prevén sanciones para aquellos que proporcionen medios, permitan que el menor conviva en ambientes delictivos o encubran al menor después de haber cometido el delito. Según la iniciativa, a quienes sean considerados responsables se les impondrá una pena de entre la mitad y dos tercios de la condena asociada al delito cometido por el menor.
El juez tendría la facultad de sustituir la pena de prisión por alternativas si el menor tiene entre 12 y 16 años, siempre y cuando los padres colaboren en programas de reinserción y se asegure una supervisión efectiva por parte de la familia. Los legisladores impulsores sostienen que esta reforma no busca estigmatizar a las familias, sino promover la corresponsabilidad en la crianza y supervisión de los hijos, particularmente en relación con delitos de alto impacto.
