Senador Daniel Avila Ruiz Apoya Iniciativa que Permite Clasificar a los Sentenciados en Máxima, Mediana y Mínima Seguridad

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Tras considerar que tres años es un exceso de tiempo para disminuir la sobre población en las cárceles del país, el Senador del Partido Acción Nacional (PAN) Daniel Ávila Ruiz se adhirió a la iniciativa que reforma el artículo 18 constitucional, a fin de hacer posible la clasificación de los reos por sus grados de peligrosidad, antecedentes, perfil psicológico y otros elementos.
La iniciativa con proyecto de decreto elaborada por el Senador panista Luis Fernando Salazar Fernández considera que la mayor parte de las legislaciones internacionales en materia penitenciara contemplan el deber de clasificar a las personas privadas de su libertad en base a estudios científicos, reglas y manuales precisos y profesionales para determinar la peligrosidad de estas.
Asimismo, señala que en países de América Latina, salvo escasas excepciones, esto no se cumple ni por asomo, terminando en un desorden, en una parcial y muy discrecional aplicación de estas disposiciones encaminadas a hacer más eficiente el proceso de extinción de penas.
Al respecto, Ávila Ruiz señaló que los peligros que tiene un reo de baja peligrosidad en compartir una celda o un área común con reos de alta peligrosidad, permite involucrarse a la “universidad del crimen”.
“Por otra parte, la iniciativa pretende que los centros sean auto sustentables, que los ingresos generados y el trabajo de los reclusos permita que el centro se sostenga sin necesidad de mayores apoyos externos, o al menos reducir estos considerablemente.
En resumen, la iniciativa plantea modificar los párrafos primero, segundo y octavo del artículo 18 constitucional que busca contar con la clasificación de máxima, mediana y mínima seguridad. Pudiendo en un solo sitio contar con las áreas específicas de acuerdo a su perfil, grado de peligrosidad, antecedentes delictivos y en base a los estudios que les practiquen las autoridades competentes.
Bajo la valoración realizada por lo menos una vez al año a cada sentenciado a efecto de considerar si amerita ser enviado a un centro, área distinta o acceder a los beneficios penitenciarios establecidos en la ley.
También, se pretende que las autoridades, en coordinación con otras entidades, instituciones, organizaciones civiles o con los particulares, suscribirán convenios que permitan la instalación de industrias productivas al interior de los centros de reinserción social para que los sentenciados puedan contar con ingresos para sufragar sus gastos personales y de sus familias.
Además, permite que las mujeres cumplan sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
Finalmente, la iniciativa impulsa que los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio y, en su caso, cuando reúnan los requisitos legales y aprueben las valoraciones correspondientes, podrán cumplir sus condenas en granjas penales donde tienen más libertad, en sus domicilios con las restricciones aplicables, o en libertad limitada bajo el apoyo de sistemas de control tecnológico, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social.
Sin embargo, “esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad” enfatizó el Senador Daniel Ávila.

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