Ante las diversas agresiones suscitadas en las últimas semanas contra integrantes de los medios de comunicación en la entidad michoacana, el Congreso local se encuentra a la espera de que el Ejecutivo del Estado informe sobre los mecanismos que han emprendido en materia a protecciones al gremio periodístico, en cumplimiento a lo dispuesto en el contenido de la ley en la materia, así como los avances respecto a la celebración del Convenio de colaboración con la federación establecido en el artículo 47 de la propia ley; señaló la Vicepresidenta del Poder Legislativo Laura González Martínez.
A fin de hacer efectivas las medidas previstas en el mecanismo para garantizar la vida, integridad, así como la libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la entidad michoacana, la legisladora de extracción panista indicó que desde el mes de julio del 2013, en conjunto con la diputada María Eugenia Méndez Dávalos presentaron ante el Pleno del Congreso del Estado, un Punto de Acuerdo donde solicitaban al titular del Gobierno del Estado, informara puntualmente sobre las acciones implementadas relativas a la información existente, así como también, sobre las medidas de prevención contempladas, a fin de evitar y combatir agresiones potenciales a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el Estado.
Ante ello, la también Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado Laura González; subrayó que hasta el momento a más de un año de haberse aprobado por unanimidad en el recinto legislativo, el Ejecutivo estatal aún no hace entrega de dicho informe, y se necesitan de mecanismos de prevención y medidas para resolver causas profundas de la violencia contra los periodistas y de impunidad que desafortunadamente sigue existiendo en la entidad, a fin de que prevalezca la libertad de expresión y la seguridad en el ejercicio periodístico.
En el mismo contexto y a más de dos años de que se haya Publicado en nuestro País, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, misma que contempla medidas de prevención y acciones específicas para su erradicación, en la que Amnistía Internacional y diversas organizaciones civiles, señalan que dicha ley ha mostrado grandes debilidades y deficiencias, sobre todo porque no parece contar con el apoyo institucional ni con el nivel de prioridad necesarios por parte del Ejecutivo federal y de las autoridades estatales, y ahora Michoacán requiere del compromiso de todos los actores políticos y órdenes de gobierno, ya basta de impunidad y de tratar de coartar la libertad de expresión y de violentar al gremio periodístico”, insistió.
Por ello “urgimos al titular del Ejecutivo del Estado Salvador Jara Guerrero, revisar la situación que pone en riesgo el ejercicio periodístico en Michoacán, así como también, se instruya a las dependencias correspondientes a fin de que se informe a la brevedad posible, sobre las condiciones de seguridad que se implementan contra defensores de derechos humanos y gremio periodístico, ya que sin libertad de expresión y democracia plena, es imposible que haya una ciudadanía informada activa y comprometida con el Estado”, concluyó.
