Asumiendo un compromiso para el Estado y para la sociedad mayoritaria, a efecto de entablar un diálogo intercultural desde el reconocimiento y respeto a los pueblos originarios, la Mesa Directiva de la LXXII Legislatura dio lectura a la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Originarios del Estado de Michoacán.
La iniciativa presentada en representación de los diputados integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas y de las y los diputados integrantes de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional, Representación Parlamentaria y de los diputados únicos del Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y del diputado Alfonso Martínez Alcázar, destaca que para esta legislación es una obligación asumida de dar seguimiento al desarrollo en materia de derechos de los pueblos originarios, a partir de los principios reconocidos en las Constituciones Políticas Federal y Estatal.
El documento presentado determina las formas en que se ejercerán los derechos lingüísticos por los habitantes de los pueblos originarios y la sociedad en general; señala la obligatoriedad de las instituciones públicas y privadas de reconocer, respetar y usar las lenguas originarias, determinando las áreas prioritarias de atención multilingüe.
Crea además el Instituto de Lenguas Originarias del Estado de Michoacán, normando los aspectos de sus funciones, competencias y estructura orgánica.
Con los fundamentos legales que constituyen la obligación del Estado para preservar el desarrollo de las lenguas originarias, dicho marco legal busca garantizar las formas en que deben ejercerse los derechos lingüísticos por los pueblos originarios y la sociedad en general, donde se señalen las instituciones públicas y privadas obligadas a reconocer, respetar y usar las lenguas originarias.
Además, insta a que en la sociedad moderna, multilingüe y multicultural, los hablantes de las lenguas originarias accedan a los sistemas administrativos, de justicia, salud, educación y en general cualquier servicio que el Estado proporcione, con atención especial de intérpretes y gestores con pleno conocimiento de sus culturas y lenguas.
Con lo señalado anteriormente, se busca establecer las bases mínimas para construir una nueva ética para la diversidad cultural a través del pluralismo político y cultural.
