Es un recordatorio de que aún persisten enormes desafíos en México para garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho. La impunidad y la corrupción siguen siendo sus principales obstáculos.
No puede aceptarse la impunidad en ningún caso: ni de quienes cometen delitos ni de quienes facilitan que estos permanezcan sin castigo.
Por ello, debe realizarse una investigación a fondo acerca de las circunstancias de este escape, y quienes hubieran estado coludidos deben ser responsabilizados con todo el peso de la ley.
Es también, una muestra más de que nuestro sistema carcelario es aún débil y permeable, y que requiere de una inmediata y profunda reconfiguración.
La seguridad sigue siendo uno de los principales problemas que enfrentan los ciudadanos en general y los empresarios en particular.
No puede retrasarse más una discusión profunda y abierta sobre sus causas, y las estrategias a seguir para hacerle frente.
Debe ser una tarea conjunta de toda la sociedad, y de los tres órdenes de gobierno, asumiendo cada quien su papel.
