El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Pascual Sigala Páez propondrá al pleno de la 73 Legislatura un punto de acuerdo para solicitar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, instruya a la titular de la Procuraduría General de la República que se desista de la acción penal en contra José Manuel Mireles Valverde y con ello se logre su pronta liberación.
En su argumentación el diputado del Partido de la Revolución Democrática señala que mientras se exonera a algunas personas que tuvieron evidente complicidad con el crimen organizado, otros 385 ciudadanos que combatieron a los grupos delictivos en Michoacán, hoy están presos en distintas cárceles del País, la mayoría de ellos por portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército.
Sigala Páez recuerda que la irrupción de las autodefensas no fue contra el Estado, fue un acto desesperado por salvar la vida, la integridad física y emocional, así como la dignidad y el patrimonio de los ciudadanos que padecieron el abandono institucional, de quienes debían protegerlos.
“En un intento por legalizar a los grupos de autodefensa, el gobierno federal, a través de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, registró y permitió el uso del armamento utilizado desde sus inicios por los grupos de autodefensa, con el fin de hacer frente y repeler a los delincuentes, fue así que se dio su incorporación a la expresión policiaca llamada Fuerza Ciudadana.
Diferencias menores no deben enturbiar lo logrado una vez restaurada la institucionalidad, no debemos permitir acciones de ingratitud que castiguen la insurgencia y muestren visos de autoritarismo frente a quienes expusieron su vida para superar una situación a todas luces inadmisible.
Esperar a que se le imponga una sentencia condenatoria al ex vocero de los autodefensas, para que luego se le pueda indultar es un agravio social y un acto de ingratitud, señala el coordinador del grupo parlamentario del PRD.
