MORELIA, Mich.- La violencia contra las mujeres, en los últimos años ha sido un obstáculo para que las mujeres en Michoacán se incorporen a la vida, social, cultural, política, productiva e inhibe su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos; por ello uno de los principales retos de los poderes del estado, es el proveer a este sector, de forma adecuada y eficiente la protección legal que permita garantizar niveles mínimos de acceso a bienes jurídicos básicos, tales como la vida, la libertad, la integridad física y emocional, consideró la diputada local Cristina Portillo Ayala.
De acuerdo con un boletín de prensa, la presidenta de la comisión de Equidad y Género en la LXXII Legislatura, agregó que el 67% de las mujeres de 15 años y más han sufrido violencia en cualquiera de los siguientes contextos: comunitaria, familiar, patrimonial, escolar, laboral y de pareja, por lo que es indispensable seguir redoblando esfuerzos en atención a este grueso poblacional.
Recordó que el pasado 31 de Diciembre del 2008, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, lo que indiscutiblemente, junto con la Ley de Igualdad, fue el primer paso del inicio de la armonización legislativa en materia de violencia de género contra las mujeres.
No obstante, Cristina Portillo, consideró que el esfuerzo y compromiso para proteger la vida e integridad de las mujeres en el ámbito público y privado, este, debe ser dinámico y permanente, por lo que se considera conveniente hacer un nuevo análisis de la presente ley, replanteando y consolidando los objetivos de dicho ordenamiento jurídico.
Por ello, dijo, es necesario, que las órdenes de protección, la reeducación psicoterápeutica de los agresores, junto con otras medidas jurídicas, tales como la alerta de género y el agravio comparado, puedan incrementar efectivamente, en diferentes ámbitos y dimensiones, la protección de los derechos y garantías que son negadas a las mujeres, en forma real y material, por la condición de género, especialmente, que no exclusivamente, en el ámbito privado, donde aún no se está suficientemente protegida.
Bajo esta tesitura, señaló que se trabaja, para fortalecer diversas disposiciones en materia de órdenes de protección, todavía una utopía jurídica para las mujeres en Michoacán, pero además se robustecen y clarifican las facultades de las instituciones que son operadoras jurídicas de la ley, de los instrumentos a su alcance, y hará realidad la facultad fiscalizadora y sancionadora para aquellos que no cumplen con la ley, su incumplimiento se traduce en la cotidiana violación de los derechos humanos de las mujeres, y ello es inaceptable.
En ese sentido, puntualizó, a pesar de los innegables avances, sigue siendo urgente, que los poderes del estado asumamos las responsabilidades que nos corresponden, para establecer o vincular sanciones de carácter administrativo y penal, definir competencias, crear jurisdicciones específicas, capacitación y especialización para las y los operadores jurídicos de la ley.
La también integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXII Legislatura de Michoacán, añadió, que se busca establecer procedimientos claros, organizados y accesibles, que puedan ser exigidos por las mujeres, o por terceras personas a favor de ellas, en todo momento y lugar, e sabemos que ningún instrumento legal es perfecto, de ser así no existiría su interpretación válida, la jurisprudencia, o la posibilidad de su reforma, lo que es inaceptable es pretender que la violencia contra nosotras no existe y que no merece atenderse.
