El nuevo Código Familiar aprobado por la 72 Legislatura y que incluye la figura de “Sociedades en Convivencia”, es “una tomada de pelo a la democracia y a las libertades” y a todas luces violenta los derechos humanos de las personas con preferencias sexuales distintas.
Afirmó el reconocido jurista, Gumesindo García Morelos al acusar al congreso michoacano de violentar prohibiciones constitucionales al diferenciar a las personas por sus preferencias sexuales.
“Crean una figura absurda y por lo tanto el reducir los derechos también es otra discriminación, también tenemos dos aspectos fundamentales de discriminación, lo que la Suprema Corte llama Categoría Sospechosa es decir, lo que están prohibidos en el artículo primero de la Constitución que ahí contiene que ninguna persona puede ser discriminada por ninguna de sus condiciones que afecte la dignidad humana”, enfatizó.
El especialista, explicó que desde el momento en que la unión legal entre un hombre y una mujer y dos personas del mismo sexo se les otorgan disímiles nombres, se está otorgando un trato diferenciado y por lo mismo violatorio.
Precisó que las normas constitucionales que contienen cláusulas de igualdad, persiguen evitar mediante prohibiciones que el legislador como cualquier poder, determine diferenciar personas a través de diversos criterios como el género, raza, capacidades, preferencias, entre otras.
García Morelos afirmó que el matrimonio y la denominada Sociedad de Convivencia no se equipara en ningún aspecto y no gozarán de los mismos derechos que la constitución confiere, por lo que consideró es “una tomada de pelo a la democracia y a las libertades”.
Sin embargo, el jurista dijo que se puede resarcir, con el veto de bolsillo del jefe del Ejecutivo estatal por violentar los derechos de las personas y se regresaría al Congreso, pero correspondería a la 73 Legislatura su análisis.
En un segundo escenario señaló que la Comisión Estatal o Nacional de los Derechos Humanos o la Procuraduría General de la República (PGR) o incluso un 33 por ciento de los legisladores, que aunque hayan votado a favor del Código Familiar, podrían promover una acción de inconstitucional para cuestionar la ley ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Como tercera línea, García Morelos, explicó que cualquier persona podrá interponer un recurso de amparo ante esta ley que “estigmatiza y somete a prejuicios sociales a los individuos”.
