Morelia, Michoacán.- La tarde de hoy, diputados locales y representantes del consejo implementador del Nuevo sistema de justicia penal en el Estado sostuvieron una reunión de trabajo para dar seguimiento y establecer acuerdos hacia la construcción de un marco normativo sólido y armónico que permita la implementación en tiempo y forma del sistema acusatorio adversarial y oral en la primera región del estado, Morelia, el próximo 3 de febrero de 2014.
Los diputados Selene Vázquez Alatorre, presidenta de la comisión de Justicia del Congreso del Estado; Marco Polo Aguirre Chávez, presidente de la comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, y José Sebastián Naranjo Blanco, integrante de la comisión de Justicia y consejero para el Nuevo sistema de justicia penal, recibieron en reunión a Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Poder Judicial y del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán; María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, secretaria ejecutiva de este Consejo, y Gilberto Alejandro Bribiesca, magistrado de la novena sala penal y presidente sustituto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Durante la presentación de los avances que al día de hoy registra la instrumentación del sistema acusatorio con miras a su entrada en vigor en la región Morelia, Ángeles Llanderal dio a conocer que en cuanto a infraestructura y mobiliario se encuentran en construcción 8 salas de oralidad, mientras que existen proyectos de remodelación y construcción de otros espacios requeridos, como áreas de atención temprana en las actuales instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Morelia y centros de acceso a la justicia en Zinapécuaro y Pátzcuaro.
En relación a la capacitación y selección de recursos humanos, destaca la consideración de programas académicos para las policías municipales, defensores privados, peritos y asesores de atención temprana, adicionalmente a la formación ya avanzada para Ministerio público, policía ministerial, defensoría de oficio, elementos de seguridad pública estatales, facilitadores de justicia alternativa y jueces de oralidad.
En cuanto a normatividad, se encuentran actualmente en revisión por el Congreso del Estado los proyectos de Ley del Instituto de Defensoría Pública, de Ley Orgánica del Poder Judicial, de Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa, así como del nuevo Código Penal. Además, en próximas fechas habrán de remitirse, previa aprobación por parte del Consejo, nuevos ordenamientos a las comisiones legislativas, por lo que Llanderal Zaragoza propuso “designar representantes de las comisiones a donde se turnan los anteproyectos relativos al nuevo sistema y realizar reuniones periódicas” que permitan un seguimiento puntual y un trabajo coordinado entre estas instituciones.
Llanderal añadió que habrán de presentarse también reformas a ordenamientos ya aprobados por el Congreso, como la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y el Código de Procedimientos Penales del Estado, tanto para estar en consonancia con las nuevas disposiciones normativas a nivel federal como para atender las áreas de oportunidad que los operadores del sistema han identificado al avanzar su capacitación. “Esto no es novedoso y sucede comúnmente; cada que está por aplicarse una norma se advierte la necesidad de hacerle modificaciones”, afirmó la secretaria ejecutiva.
Selene Vázquez Alatorre y Sebastián Naranjo Blanco se mostraron complacidos frente a la propuesta de Ángeles Llanderal de realizar reuniones periódicas y designar enlaces, pues existen fuertes cargas de trabajo en la comisión de Justicia; ello “es no solamente prudente sino también necesario”, para concretar en los tiempos requeridos el trabajo legislativo que dará sustento al Nuevo sistema de justicia penal, declaró Vázquez Alatorre. “Es un trabajo muy gratificante porque se está modificando la cultura jurídica de todo un país”, añadió.
Por su parte, Marco Polo Aguirre dijo que el Nuevo sistema de justicia penal es absolutamente novedoso en todos los ámbitos en los que tiene competencia, por lo que es necesario socializarlo con los especialistas en la materia. “En el Congreso queremos ser facilitadores” para generar la normatividad adecuada en los tiempos que las circunstancias exigen, afirmó. “Se trata de que este sistema trabaje de la mejor forma y sea para el bien de la ciudadanía”.
Sebastián Naranjo reafirmó su interés en dar prioridad a las leyes orgánicas tanto del Poder Judicial como de la Procuraduría General de Justicia, pues es necesario “adecuar sus estructuras y sus circunstancias a los fines del Nuevo sistema de justicia penal”. Asimismo, solicitó a los representantes del consejo implementador que se continúe con la capacitación a los medios de comunicación a fin de brindarles a los periodistas, reporteros, editores y jefes de información las herramientas necesarias ya que “juegan un papel muy importante en el Nuevo sistema de justicia penal”, al ser el puente entre las instituciones y la ciudadanía. El diputado también expresó su preocupación por que la capacitación a abogados litigantes se extienda a todo el estado, para que éstos puedan ejercer su profesión de manera adecuada y satisfactoria una vez que entre en vigor el nuevo modelo judicial.
Finalmente, Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Poder Judicial y del órgano implementador a nivel estatal, agradeció la invitación de los diputados y se mostró complacido por la disposición para trabajar mano a mano. “Tenemos bastante trabajo en puerta con una presión muy importante que es el tiempo”, concluyó.
