La sucesión en Michoacán ya ha comenzado, aunque todavía no hay un nombre oficial. Morena está por definir a quién buscará la gubernatura y, con esa decisión, también quedará claro cuánto poder conserva Alfredo Ramírez Bedolla en el cierre de su administración.
En el estado, la historia política deja una lección incómoda: muchos gobernadores han llegado prometiendo renovación y han terminado rodeados de cuestionamientos por el uso del dinero público, el endeudamiento, la opacidad y los privilegios del poder. Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo Figueroa, Salvador Jara Guerrero, Silvano Aureoles Conejo y ahora Alfredo Ramírez Bedolla forman parte de una larga cadena de administraciones que la ciudadanía tiene derecho a revisar con lupa.
Hablar de corrupción no debe ser un simple insulto político. La corrupción aparece cuando el dinero público se usa sin claridad; cuando se dejan deudas que pagan generaciones futuras; cuando los contratos, los funcionarios y las decisiones de gobierno no pueden explicarse ante la ciudadanía; cuando el poder sirve para proteger grupos, intereses o carreras personales en vez de resolver los problemas de Michoacán.
Por eso, aunque cada exgobernador responda por sus propios actos y las autoridades competentes deban determinar responsabilidades legales, existe una percepción social difícil de ignorar: quienes han gobernado Michoacán han tenido demasiado poder, demasiado presupuesto y demasiado poca rendición de cuentas. Esa percepción no nació de la nada. Nació de años de crisis financiera, inseguridad, obras cuestionadas y gobiernos que dejan pendientes más grandes que sus resultados.
Silvano Aureoles es el ejemplo más reciente de un exgobernador que salió del cargo entre señalamientos, confrontaciones y una profunda pérdida de respaldo político. Alfredo Ramírez Bedolla debería tomar nota. El final de una administración siempre revela quién construyó instituciones y quién únicamente construyó protección para sí mismo.
El problema de Bedolla es que su continuidad política no parece asegurada. El próximo candidato de Morena podría no ser una figura cercana a su grupo ni responder a sus intereses. Si eso ocurre, el gobernador tendrá que enfrentar el final de su sexenio con menos aliados, menos control y una exigencia mayor de transparencia.
No se trata de desearle un mal final a nadie. Se trata de recordar que gobernar no da impunidad. Michoacán necesita que cada peso sea explicado, que las decisiones sean auditables y que ningún gobernador crea que el cargo es una licencia para enriquecerse, abusar del poder o dejar cuentas pendientes.
El tiempo se le acaba al gobernador. Y cuando se acabe, la pregunta no será quién fue su sucesor, sino qué dejó detrás de él: resultados, deudas, transparencia o una nueva historia de opacidad.
