José Manuel Mireles, líder de las autodefensas de Tepalcatepec y el único de los dirigentes de esos grupos que públicamente pregona que no se van a desarmar, pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interceder ante el gobierno mexicano para que se le proporcione seguridad similar a la del Presidente de la República, al chile, el bato quiere escoltas “con armas autorizadas”.
Y que sean elementos del Ejército o la PGR, que se elabore un “plan de protección” y seguridad en torno a él, su casa y los lugares que frecuenta, y un vehículo “de siete plazas con blindaje de categoría VI o mayor” (el categoría siete es el más alto de los blindajes y se usa en los automóviles en los que trasladan al titular del ejecutivo mexicano, por ejemplo).
La solicitud la hizo en un oficio del pasado 20 de febrero, y del cual tiene copia La Razón, a Emilio Álvarez de Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos, el desafiante Mireles, quien se ha posicionado como vocero de los grupos de civiles armados en Michoacán y quien gusta mostrarse en televisión cazando “integrantes el crimen organizado”, argumentó que teme por su vida.
