“El nuevo sistema de justicia penal no sólo implica sustentabilidad económica para su implementación, el verdadero reto de los tribunales del país es contar con el presupuesto necesario para su operatividad”, señaló Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán.
Por lo anterior, el magistrado presidente comentó que a través de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), se realizan gestiones ante la federación para buscar los mecanismos adecuados y lograr un presupuesto financiero autónomo acorde a las necesidades de cada tribunal del país.
Destacó la reunión que sostuvo la CONATRIB con el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para abordar el tema presupuestal “mostró gran sensibilidad ante los planteamientos y ofreció gestionar mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda, a fin de que cuente con información más precisa de los requerimientos económicos que el nuevo sistema implica”.
Reiteró la importancia de contar con los recursos necesarios para continuar con la implementación en las regiones de Zamora, Lázaro Cárdenas y Apatzingán; “tan sólo Zamora integra 41 municipios y 8 distritos judiciales, es la región más grande y, por ende, requiere más presupuesto”.
Magaña de la Mora reconoció el acompañamiento y empatía de María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal a nivel federal, quien en todo momento ha estado atenta a las necesidades de Michoacán para concretar la implementación.
Finalmente, comentó que el sistema acusatorio adversarial oral deberá arraigarse paulatinamente en la sociedad, “El tema no sólo tiene que ver con normatividad e infraestructura; involucra a diferentes grupos sociales como el académico, litigantes, medios de comunicación y ciudadanía en general”.
